HISTORIA SANGRIENTA


La Defensora del Pueblo de Azerbaiyán emite una declaración en el 32º aniversario de la tragedia del 20 de enero

Bakú, 19 de enero, AZERTAC

La Comisionada para los Derechos Humanos de Azerbaiyán (Defensora del Pueblo), Sabina Aliyeva, ha emitido una declaración sobre el 32º aniversario de la tragedia del 20 de enero, informa AZERTAC.

La declaración dice: "Han pasado 32 años desde los acontecimientos del 20 de enero, que entraron como una página heroica en la historia de la lucha por la independencia de Azerbaiyán.

Los acontecimientos del 20 de enero no quebraron la voluntad y la determinación del pueblo azerbaiyano, al contrario, esos acontecimientos unieron más estrechamente a nuestro pueblo por la libertad y lo acercaron al camino de la independencia.

Desde finales de la década de 1980, Armenia llevó a cabo una política de odio, limpieza étnica y genocidio contra los azerbaiyanos, además de hacer valer reivindicaciones territoriales ilícitas sobre Azerbaiyán.

El pueblo azerbaiyano estaba indignado por las acciones agresivas de Armenia y el apoyo de los dirigentes de la URSS y, por tanto, expresó su enérgica protesta. El despliegue de tropas contra la población civil para quebrantar la voluntad del pueblo azerbaiyano provocó masacres en las ciudades de Bakú y Sumgayit, así como en otras ciudades y distritos del país. Como resultado de este crimen contra la humanidad, 150 civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron brutalmente asesinados, 744 personas resultaron heridas y 841 fueron encarceladas ilegalmente.

El 21 de enero de 1990, a pesar de todas las presiones y dificultades, demostrando una voluntad política, el líder nacional, Haydar Aliyev hizo una dura declaración relacionada con este crimen cometido por los dirigentes de la URSS.

La valoración político-jurídica de esta sangrienta tragedia se ha llevado a cabo mediante el regreso al poder del líder nacional Heydar Aliyev. Así, en 1994, en la sesión especial de Milli Majlis, se adoptó la decisión "Sobre los trágicos acontecimientos del 20 de enero de 1990 en Bakú". Cabe señalar que el sistema de protección social para las familias de los mártires del 20 de enero y las personas discapacitadas en relación con estos acontecimientos fue creado por el presidente de la República de Azerbaiyán Ilham Aliyev.

De acuerdo con el derecho internacional, los hechos ocurridos el 20 de enero se interpretarán como un crimen contra la humanidad, y los militares que ordenaron cometer esta masacre y sus autores serán considerados penalmente responsables. En virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se interpretan como crimen de lesa humanidad los siguientes actos: el asesinato; la desaparición forzada; la persecución por motivos políticos, nacionales, étnicos, culturales o de género; la tortura y otros actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física.

Azerbaiyán se ha enfrentado a graves juicios a lo largo de la historia, se han cometido crímenes sangrientos, actos terroristas y genocidios contra nuestro pueblo en determinadas etapas de la historia. Más de 23.000 azerbaiyanos han muerto, 50.000 han sido heridos o han quedado discapacitados, y unos 4.000 ciudadanos de Azerbaiyán siguen dados por desaparecidos como consecuencia de las agresiones militares de los últimos 30 años.

En 2020 se lanzó una operación de contraofensiva para evitar otra agresión militar contra nuestro país y garantizar la seguridad de la población civil. Los territorios azerbaiyanos ocupados por Armenia durante casi 30 años fueron liberados en poco tiempo, y los derechos violados de nuestros compatriotas fueron restaurados.

Como resultado de los crímenes de guerra cometidos por Armenia contra Azerbaiyán durante estas operaciones militares, más de 100 civiles, incluyendo más de 10 niños fueron asesinados, más de 450 personas resultaron heridas, 12.000 objetos civiles, incluyendo más de 3.410 casas, 120 edificios de apartamentos múltiples, 512 infraestructuras civiles, incluyendo edificios de apartamentos y numerosas escuelas, hospitales y jardines de infancia, así como nuestros monumentos históricos, religiosos y culturales fueron destruidos o gravemente dañados.

Dado que existen suficientes fundamentos jurídicos para qualificar la tragedia del 20 de enero como un crimen contra la humanidad y castigar a sus autores, hasta ahora no se ha realizado ninguna evaluación jurídica.

Hacemos un llamamiento a la comunidad mundial y a las organizaciones internacionales para que cooperen con el fin de llevar a los autores de los sucesos del 20 de enero ante la justicia y dar una valoración jurídica internacional a este acto sangriento."

Esta declaración se dirige al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Unión Europea, al Consejo de Europa, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Instituciones Internacionales y Europeas de Defensores del Pueblo, Asociación Asiática de Defensores del Pueblo, Organización de Cooperación Islámica y la Asociación de Defensores del Pueblo de sus Estados miembros, Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica, Red Europea de Defensores del Niño.

 

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