POLÍTICA


Representante Permanente de Azerbaiyán ante la ONU: “Armenia niega su responsabilidad en la agresión desatada”

Bakú, 14 de junio, AZERTAC

Armenia sigue haciendo afirmaciones histéricas sobre los saboteadores armenios capturados que cruzaron la frontera de Azerbaiyán tras la firma del acuerdo trilateral el 9 de noviembre de 2020. En vista de los continuos quejidos de los diplomáticos armenios, el Representante Permanente de la República de Azerbaiyán ante la ONU, Yashar Aliyev, ha enviado una carta al secretario general de la ONU sobre los treinta años de agresión armenia contra Azerbaiyán y los ciudadanos desaparecidos de Azerbaiyán, información que Armenia se niega a proporcionar.

Según AZERTAC, la carta de Y. Aliyev dice que, en el curso de su agresión contra Azerbaiyán desde principios de la década de 1990, Armenia, sus agentes, funcionarios y aquellos de los que son directamente responsables, cometieron numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, que prohíbe, en particular, los actos intencionales, matanza de civiles, toma de rehenes y malos tratos a prisioneros de guerra y civiles detenidos.

El destino de los desaparecidos en relación con el conflicto es una de las trágicas consecuencias de la guerra que requiere atención y acción urgentes. Hasta la fecha, se han registrado como desaparecidos 3.890 civiles azerbaiyanos, de los cuales 719 son civiles. Entre esos civiles hay 71 niños, 267 mujeres y 326 ancianos. La lista de desaparecidos se ha presentado a Armenia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y se actualiza periódicamente, dijo el diplomático azerbaiyano.

Las personas dadas por desaparecidas habían desaparecido en circunstancias que hacían temer seriamente por su bienestar, sobre todo teniendo en cuenta las atrocidades ampliamente practicadas por las fuerzas armadas armenias durante el conflicto. Al igual que otras violaciones del derecho internacional humanitario, la detención ilegal, la tortura y el atentado contra la dignidad personal de los detenidos forman parte de una política sistemática de limpieza étnica y de castigo y discriminación colectivos contra los azerbaiyanos.

Algunos de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas armenias, como el brutal asesinato durante varias horas de cientos de civiles azerbaiyanos en la ciudad de Khojaly en febrero de 1992, que constituyen crímenes de guerra, son también crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, como los azerbaiyanos fueron blanco de ataques por la fuerza de su etnia y la intención correspondiente fue destruir parcialmente a este grupo.

Se ha establecido que, entre los desaparecidos, 872 ciudadanos de Azerbaiyán fueron tomados como prisioneros o rehenes en las primeras etapas del conflicto. Entre ellos, 605 eran soldados y 267 civiles, de los cuales 29 eran niños, 98 mujeres y 112 ancianos.

Cabe destacar que el CICR visitó a 54 personas detenidas por la parte armenia, que posteriormente fueron asesinadas entre 1993 y 1995. Los cuerpos de sólo 17 de ellos, incluidos 12 detenidos que habían sido retenidos y posteriormente asesinados en territorio armenio, concretamente en la capital Ereván (10 personas) y en el distrito de Noyemberyan (Tavush) (2 personas), fueron devueltos posteriormente a Azerbaiyán. Otros 33 detenidos fueron declarados muertos, pero sus cuerpos no han sido devueltos, y el destino de otros cuatro sigue siendo desconocido.

Armenia viola el derecho internacional al permitir el asesinato y el maltrato de civiles y prisioneros de guerra y al no investigar estos crímenes ni revelar el paradero de las personas desaparecidas. En términos más generales, Armenia niega su responsabilidad por la agresión desencadenada y el incalculable sufrimiento humano que ha causado, glorifica a los criminales de guerra y a los terroristas, aboga por el odio y la azerbaiyanofobia, alberga aspiraciones revanchistas y amenaza con seguir utilizando la fuerza.

Incluso después del cese de las hostilidades el 10 de noviembre de 2020, los civiles azerbaiyanos siguen muriendo por las minas en los territorios liberados. Armenia se niega a proporcionar información sobre las minas que ha colocado en casi 10.000 km2 de territorio, atentando así deliberadamente contra la vida humana e intentando obstaculizar los esfuerzos humanitarios y el regreso seguro de los desplazados internos a sus hogares.

Azerbaiyán ha iniciado procedimientos judiciales para procesar y castigar a los autores de los crímenes atroces, que no están sujetos a ninguna limitación en virtud del derecho estatutario. La rendición de cuentas y la reparación sirven para salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas y deben ser una consecuencia inevitable de los crímenes cometidos, pero también son una importante herramienta preventiva y una condición clave en el camino hacia la verdadera reconciliación, como se señala en la carta del Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas.

 

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