Bakú, 2 de mayo, AZERTAC

El Gobierno promete ajustes a partir de 2020 con una subida de impuestos directos y la bajada de los de capital.

El Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea que incumplirá el compromiso de déficit en 9.000 millones de euros este año. En la actualización del Programa de Estabilidad para el período 2019-2022, asegura que no sólo no respetará la petición de Bruselas y de sus socios europeos de bajar este año el déficit estructural (el ajeno al ciclo económico) en 7.800 millones, sino que incluso lo aumentará en otros 1.200 millones. Culpa de ello no a los llamados viernes electorales, sino a los partidos de la oposición por no haber aprobado su Proyecto de Presupuestos para este año; y, aunque no lo dice expresamente, espera benevolencia de Bruselas aprovechando la peor situación fiscal de Italia y Francia.

«En las Recomendaciones Específicas a España, aprobadas por el Consejo Europeo en julio de 2018, en el ámbito fiscal se recomienda que la tasa de crecimiento del gasto público primario neto nominal no exceda en 2019 del 0,6%, lo que se corresponde con un ajuste estructural de 0,65 puntos [los citados 7.800 millones] porcentuales de PIB», admite el Gobierno de Sánchez. No obstante, en «esta actualización del Programa de Estabilidad resultaría en un esfuerzo estructural ligeramente negativo, de una décima, y un crecimiento del gasto público nominal neto computable del 3,9%». Es decir, aumento de 0,1%del PIB, en vez de recorte del 0,65% y un incremento del gasto público seis veces superior al marcado por la UE.

El llamado déficit estructural es el que Bruselas pide recortar cuando un país, como es ya el caso de España, sale del llamado procedimiento de déficit excesivo. Eso supone que ya no basta con cuadrar las cuentas con medidas puntuales y recaudación extra procedentes de la bonanza, sino que son necesarias medidas de ajuste duraderas con aumentos de ingresos y/o recortes de gastos. El Gobierno se inclina claramente en su programa -desvelado dos días después de las elecciones generales- por más ingresos a partir de 2020.

Según el informe (ver gráfico adjunto), el plan es aumentar la «presión fiscal» en 26.500 millones anuales al final de la legislatura. El Gobierno no detalla aún todos los tributos que tocará y se limita a enunciar, como primer paso, que en 2020 resucitará la subida del impuesto de sociedades, tasa Google, tasa Tobin y demás medidas ya previstas en los fallidos Presupuestos de este año por los que espera obtener 5.654 millones al año. ¿Y cómo llegar a los 26.500 en 2022 en un contexto en el que la ralentización económica tendrá el consiguiente efecto de freno en la recaudación? El Gobierno se limita a asegurar a la UE que espera que suban particularmente los «impuestos directos» que pasarán a pesar un 10,7% del PIB en 2018 a 11,9% en 2022. También subirán ligeramente los «indirectos» y confirma que relanzará las subida fiscal sobre el diésel, por el que espera obtener más recaudación que por la subida del IRPF y Patrimonio a los más pudientes. También a pesar de la retórica política del PSOE, el Gobierno prevé que no suba, sino que baje el peso recaudatorio de «los impuestos sobre el capital» en una décima, unos 1.200 millones anuales menos.

En cuanto a las cotizaciones sociales, ya elevadas en navidades para intentar cubrir parte del gasto estructural de los llamados viernes electorales, la previsión es que tengan cada vez más peso recaudatorio al pasar al 12,4% actual al 13% del PIB, más de 7.000 millones más anuales.

Bruselas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tendrán que evaluar la credibilidad del programa en los próximos días y semanas y si, con las medidas enunciadas, España será capaz de bajar el déficit estructural en unos 18.000 millones en tres años, como promete.

El primer problema es ya el incumplimiento de 2019, pero según el Ejecutivo socialista, la responsabilidad no es suya. «La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 habría permitido poner en marcha las medidas de ingresos previstas y realizar un esfuerzo estructural de alrededor de cinco décimas de PIB, cumpliendo así con la recomendación del Consejo Europeo». Eso sostiene, pese a que Bruselas y la AIReF ya advirtieron que con esas medidas no iba a llegar.

No obstante, el informe redactado por los Ministerios de Hacienda y Economía, cuestiona la metodología de cálculo de la Comisión Europea para sus peticiones de recorte del déficit estructural, porque usa una «variable sumamente volátil e incierta».

En cualquier caso y ante el examen de la UE, ambos ministerios piden que se valore el esfuerzo realizado por, sobre todo, el Gobierno del PP: «Conviene señalar por último el intenso proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en España en los últimos años. En el periodo 2011-2018, el déficit público se ha reducido más de siete puntos de PIB, situándose por debajo del 3% en 2018 y dejando atrás el procedimiento de déficit excesivo a partir de este año». Según sus cálculos, «casi la mitad del ajuste fiscal realizado en este periodo ha sido estructural, situándose España entre los países europeos que mayor consolidación fiscal han realizado en la última década».

Por su parte, la AIReF adelantó ayer que «factible» y «prudente» la parte de previsión macroeconómica del programa, aunque cree que la inversión pública será superior a lo comunicado a Bruselas. Elmundo.es