POLÍTICA
Defensora del Pueblo preparó un informe provisional sobre los daños causados a los monumentos arquitectónicos históricos y religiosos de la Gandjá
Bakú, 3 de noviembre, AZERTAC
La Comisionada de Derechos Humanos (Ombudsman) de la República de Azerbaiyán, Sabina Aliyeva, ha preparado un informe provisional sobre los monumentos arquitectónicos históricos y religiosos gravemente dañados como consecuencia de los misiles balísticos disparados contra la ciudad azerbaiyana de Gandjá por las fuerzas armadas armenias.
AZERTAC informa al respecto alegándose a la Oficina del Defensor del Pueblo.
El informe refleja los hechos recogidos in situ durante la vigilancia llevada a cabo por la Defensora del Pueblo en los territorios del complejo del "Santuario de Imamzadeh" y de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Alejandro Nevsky, que resultaron gravemente dañados como consecuencia de los disparos de misiles balísticos de las fuerzas armadas armenias en la ciudad azerbaiyana de Gandjá.
En la información se señala que este ataque con misiles del agresor contra el centro del patrimonio histórico y cultural de Azerbaiyán en la antigua ciudad de Gandjá es prueba de las intenciones criminales de Armenia de destruir monumentos religiosos y culturales, santuarios y valores universales del patrimonio cultural mundial, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario, incluida la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y la Convención de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en caso de conflicto militar, el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico de 1992 y otras normas de derecho internacional, a este respecto la Defensora del Pueblo exhortó que se hicieran esfuerzos serios para que los dirigentes criminales armenios fueran penalmente responsables, con arreglo al derecho internacional, de la comisión de actos de terror nacional, moral y religioso, la destrucción de monumentos históricos, religiosos y culturales, así como de crímenes de guerra que violaron gravemente los derechos y las libertades humanos.
El informe se envió a la comunidad mundial, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, así como a diversas comunidades religiosas y confesiones.