Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán
Bakú, 10 de junio, AZERTAC
Las recientes declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia en las que se intenta acusar a Azerbaiyán de incitación al odio revelan una vez más su práctica de interpretación arbitraria y selectiva de las decisiones adoptadas por los órganos internacionales. Al recitar las habituales acusaciones infundadas, Armenia persigue el objetivo de engañar a la comunidad internacional y distraer la atención de su propia política racista y de los crímenes de odio, que se manifiestan en la ocupación militar ilegal de la región de Nagorno-Karabaj y los siete distritos adyacentes de Azerbaiyán, así como en las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de cientos de miles de azerbaiyanos en el curso de la agresión, reporta AZERTAC.
Armenia, que tiene la plena responsabilidad de desencadenar la guerra contra Azerbaiyán, apoderarse de 1/5 de su territorio reconocido internacionalmente, llevar a cabo la depuración étnica en los territorios ocupados, cometer otros crímenes atroces durante el conflicto, defender una ideología racista indisimulada y hacer un flagrante desprecio de las resoluciones vinculantes 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) y 884 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como las decisiones y documentos de otras organizaciones internacionales, no pueden sermonear a otros sobre las normas y valores que él mismo ha violado sistemáticamente.
Armenia se ha convertido en un país monoétnico, lo que ha logrado expulsando a todos los no armenios, incluidos los azerbaiyanos. Ha aplicado la misma política y práctica de crear zonas étnicamente homogéneas en los territorios ocupados de Azerbaiyán, de los que se expulsó a todos los no armenios y donde ha establecido un régimen racista títere.
El odio, la animosidad y la intolerancia por motivos étnicos y religiosos, que constituyen el núcleo de la política de Armenia, se ponen de manifiesto en la convicción incondicional de sus dirigentes de la "incompatibilidad étnica" entre armenios y azerbaiyanos. La comunidad internacional ha manifestado repetidamente su indignación por la promoción manifiesta por parte de Armenia de tan odiosas ideas y ha expresado su grave preocupación por el espíritu de intolerancia que prevalece en Armenia y las políticas y prácticas discriminatorias que se aplican en ese país.
Armenia debe poner fin a su hipocresía y selectividad con respecto a las normas de derechos humanos y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, comenzando por la aplicación de la principal sentencia del mismo Tribunal, de 16 de junio de 2015, en el caso "Chiragov y otros contra Armenia". Como es sabido, tras examinar las pruebas presentadas, la Gran Sala del Tribunal Europeo ha comprobado que Armenia ejerce un control efectivo sobre la región de Nagorno-Karabaj y otros territorios ocupados de Azerbaiyán, ha establecido la responsabilidad de Armenia por las violaciones de los derechos de los desplazados internos azerbaiyanos y ha reafirmado su derecho a regresar a sus hogares o lugares de residencia habitual en los territorios ocupados.
La causa principal de la continuación del conflicto y, como resultado, de las tensiones y la escalada esporádica sobre el terreno es la ocupación ilegal de los territorios de Azerbaiyán y los intentos de Armenia de consolidar esa situación. La paz, la seguridad y la estabilidad sólo pueden lograrse, ante todo, si se eliminan las consecuencias de la agresión de Armenia, asegurando así que sus fuerzas armadas se retiren inmediata, incondicional y completamente de los territorios de Azerbaiyán, como se exige en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas antes mencionadas, se restablezca la integridad territorial de Azerbaiyán dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y se garanticen y apliquen sin demora los derechos humanos y las libertades fundamentales de cientos de miles de desplazados internos azerbaiyanos, incluido el derecho a regresar a sus hogares y propiedades.
