Bakú, 31 de agosto, AZERTAC

Los diarios españoles “El Boletín” y “El Mundo Financiero” emitieron artículos con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas donde narran sobre los rehenes y desparecidos azerbaiyanos como la consecuencia la agresión armenia iniciada a principios de la década de 1990 contra Azerbaiyán y la toma y retención de rehenes, el maltrato y ejecución sumaria de prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos practicados ampliamente por parte de Armenia en este período de tiempo.

AZERTAC presenta el texto de los artículos:

“Armenia practicó ampliamente la toma y retención de rehenes, el maltrato y ejecución sumaria de prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos durante su agresión contra Azerbaiyán iniciada a principios de la década de 1990.

Hoy, el 30 de agosto, cuando toda la comunidad internacional celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la República de Azerbaiyán, junto con los desaparecidos de todo el mundo, honra a los rehenes y desaparecidos azerbaiyanos.

Armenia practicó ampliamente la toma y retención de rehenes, el maltrato y ejecución sumaria de prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos durante su agresión contra Azerbaiyán iniciada a principios de la década de 1990. Como resultado del conflicto 3890 personas (3171 militares, 719 civiles) de Azerbaiyán siguen desaparecidas. A pesar de que la toma de rehenes está claramente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, 267 civiles azerbaiyanos (incluidos 29 niños, 98 mujeres y 112 ancianos) fueron tomados como rehenes y no fueron liberados por Armenia. Hasta ahora, 1102 rehenes azerbaiyanos (incluidos 224 niños, 357 mujeres y 225 ancianos) han sido posteriormente liberados del cautiverio armenio.

Con sus actos ilegales, Armenia viola gravemente las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949 relativos al trato debido a los prisioneros de guerra y a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, así como su primer Protocolo I adicional. Junto con las normas pertinentes del Derecho Internacional Humanitario, las cuestiones relacionadas con las personas desaparecidas son consideradas en el contexto de los derechos humanos protegidos internacionalmente, en particular, el derecho a ser protegido contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo con las debidas garantías judiciales, la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de las desapariciones forzadas de las personas, y los derechos de las personas privadas de la libertad.

Las personas desaparecidas azerbaiyanas desaparecieron en circunstancias que suscitan serias preocupaciones en cuanto a su bienestar particularmente dadas las atrocidades ampliamente practicadas por las fuerzas armadas armenias durante el conflicto. Al igual que otras infracciones del Derecho Internacional Humanitario, la detención ilegal, la tortura y los atentados contra la dignidad personal de los rehenes y prisioneros de guerra detenidos formaban parte de una política sistemática de castigo colectivo y de discriminación contra los azerbaiyanos, aplicada por los extremistas armenios.

La Comisión Estatal de Prisioneros de Guerra, Rehenes y Desaparecidos de la República de Azerbaiyán identificó que, en violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, los rehenes azerbaiyanos fueron detenidos en condiciones insoportables y, junto con los prisioneros de guerra, fueron trasladados de un lugar de detención a otro, tanto en los territorios anteriormente ocupados de Azerbaiyán como en el territorio de Armenia. En la década de 1990, fue perpetrada una aniquilación masiva de prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos por parte de las fuerzas armadas de Armenia. Muchos rehenes, incluidos niños, mujeres y ancianos, fueron brutalmente asesinados, algunos muriendo en cautiverio armenio como resultado de torturas, condiciones intolerables y enfermedades. Debido a que sus cuerpos no han sido entregados a Azerbaiyán, estas personas siguen considerándose desaparecidas.

A pesar de los reiterados llamamientos de la Comisión Estatal, tan solo hace unos años fue conseguida la información sobre 54 prisioneros de guerra y rehenes azerbaiyanos, incluidas 6 mujeres, registradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y visitadas en repetidas ocasiones por los representantes del comité en lugares de detención. Es muy preocupante que los restos de tan sólo 17 personas de 54 hayan sido entregados a Azerbaiyán. 12 de ellas han sido retenidas y posteriormente asesinadas en el territorio de Armenia, mayormente en Ereván. La parte azerbaiyana fue informada de la muerte de 33 personas, pero sus restos no fueron entregados y no se informó del destino de 4 personas.

La principal fuente de información sobre los rehenes azerbaiyanos son los testimonios de personas liberadas del cautiverio armenio. Teniendo muchas muestras irrefutables de la toma de rehenes, se podría intentar averiguar el destino de las personas desaparecidas, pero todos los intentos de la búsqueda no tuvieron éxito debido a la postura poco constructiva de la parte armenia y ocultación de los hechos sobre las personas desaparecidas. Durante más de 25 años, Armenia ha incumplido su obligación en virtud del Derecho Internacional aplicable de realizar una investigación sobre el destino de personas desaparecidas. Al contrario, Armenia niega su responsabilidad por la agresión que desató y por el incalculable sufrimiento humano causado y propaga el odio y la azerbaiyanafobia.

Uno de los crímenes de la humanidad más graves fue perpetrado por los extremistas armenios en la ciudad de Joyalí en Azerbaiyán. De los 613 residentes de Joyalí asesinados, 63 eran menores y 106 de ellos mujeres; 8 familias fueron completamente exterminadas, 487 personas, entre ellas 76 niños, resultaron heridas. Actualmente, 196 residentes de Joyalí, incluidos 36 niños y 65 mujeres, están registrados por la Comisión Estatal de Prisioneros de Guerra, Rehenes y Personas Desaparecidas (información al 1 de julio de 2021) como desaparecidos. Hay testimonios de que 95 de 196 personas, incluidos 16 niños y 22 mujeres, han sido tomadas como rehenes en Joyalí por las fuerzas militares de Armenia.

El Gobierno de Azerbaiyán ha adoptado las medidas pertinentes a nivel nacional para aclarar el destino de las personas desaparecidas como resultado del conflicto. A través del CICR, se ha enviado a Armenia una lista actualizada de los desaparecidos azerbaiyanos. Fue creada la base de datos sobre azerbaiyanos desaparecidos y liberados del cautiverio. Azerbaiyán coopera con el CICR en la recolección de muestras de ADN de los familiares de las personas desaparecidas que aún esperan noticias sobre su paradero. Estas muestras se utilizarán para la identificación de personas enterradas en fosas comunes. La liberación de los territorios azerbaiyanos de la ocupación permite identificar el destino de las personas desaparecidas y aliviar casi tres décadas de dolor y ansiedad de miles de azerbaiyanos.

Azerbaiyán ya ha iniciado el proceso de identificación mediante la realización de trabajos de exhumación en cementerios no identificados en cooperación con el CICR. Teniendo en cuenta la gran probabilidad de que existan fosas comunes en los territorios de Azerbaiyán liberados de la ocupación de Armenia, la Comisión Estatal de Prisioneros de Guerra, Rehenes y Desaparecidos de Azerbaiyán se dirigió a los órganos pertinentes para llevar a cabo la exhumación profesional de los restos.

También es necesario tomar en cuenta que Armenia tomaba como rehenes no solo al principio de los años 90 sino también durante todo el periodo de alto el fuego. En 2014, dos civiles azerbaiyanos que visitaron las tumbas de sus familiares en tierras ocupadas (Dilgam Asgarov y Shahbaz Guliyev) fueron cautivados y mantenidos como rehenes por Armenia durante 6 años. Armenia rechazó la propuesta de Azerbaiyán de intercambiar a todas las personas detenidas en relación con el conflicto y politizó las cuestiones humanitarias durante muchos años.

Desde el 27 de septiembre de 2020, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Declaración Trilateral sobre el cese de hostilidades, así como las del Derecho Internacional Humanitario, Azerbaiyán retiró de la antigua zona de conflicto a todos los combatientes armenios que se rindieron a las fuerzas armadas de Azerbaiyán, así como los ancianos armenios abandonados en los territorios liberados. Estas personas fueron tratadas con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos, y se les ha proporcionado todo lo necesario, como alimentos, agua y tratamiento médico. El CICR recibe información periódicamente sobre los armenios detenidos; se garantizan las visitas de los representantes del CICR. También se ha brindado a los detenidos armenios la oportunidad de escribir cartas, enviar mensajes de vídeo y hacer llamadas telefónicas a sus familiares. Tras finalizar la guerra, en 2020, Azerbaiyán liberó a 107 detenidos armenios. El acto de entrega de cadáveres y de civiles ancianos que quedaron sin ayuda y alimentos en los territorios liberados de la ocupación fue iniciada y realizada por la parte azerbaiyana de forma unilateral, ya que Armenia se negó a actuar de manera recíproca, tratando de obtener ventajas militares de las acciones humanitarias.

Como resultado de las operaciones de búsqueda llevadas a cabo en la antigua zona de combate para recoger los restos de los militares caídos, se encontraron más de 1600 cadáveres de militares armenios y se entregaron al lado armenio. De conformidad con sus obligaciones en virtud de la Declaración Trilateral, Azerbaiyán ha creado todas las condiciones necesarias para que Armenia recoja los restos de sus militares fallecidos. Lamentablemente, Armenia aún oculta la información sobre el paradero de los prisioneros de guerra azerbaiyanos, los rehenes y sus restos, a pesar de las decenas de hechos que prueban su entierro y secuestro furtivos; siete militares azerbaiyanos siguen desaparecidos después de la guerra del año pasado.

A nivel internacional, Azerbaiyán fue activo en llamar la atención sobre la cuestión de los rehenes y desaparecidos. Azerbaiyán es uno de los patrocinadores principales de la Resolución Benal de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre personas desaparecidas. La Resolución señala que la cuestión de las personas declaradas como desaparecidas sigue repercutiendo negativamente en los esfuerzos por poner fin a los conflictos e inflige un doloroso sufrimiento a las familias de las personas desaparecidas; destaca la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva humanitaria y del Estado de Derecho. Reafirmando el derecho de las familias a conocer el destino de sus familiares declarados como desaparecidos en relación con los conflictos armados, también se destaca la importancia de poner fin a la impunidad por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario con respecto a las personas desaparecidas. Se enfatiza la responsabilidad de los Estados de contrarrestar el fenómeno de las personas desaparecidas, tomando las medidas apropiadas para evitar que las personas desaparezcan, llevando las respetivas investigaciones para determinar su destino.

Azerbaiyán también es el principal patrocinador de la Resolución de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU sobre «Liberación de las mujeres y los niños tomados como rehenes en conflictos armados, incluidos los que han sido encarcelados posteriormente», que insta encarecidamente a todas las partes en los conflictos armados a prevenir y combatir los actos de toma de rehenes. Debe tenerse en cuenta que la toma de rehenes y las detenciones ilegales también pueden provocar un aumento del número de personas desaparecidas.

La responsabilidad internacional de Armenia entraña consecuencias jurídicas, incluida la obligación de proporcionar una indemnización adecuada, mientras que las personas responsables de las violaciones contra los ciudadanos de Azerbaiyán declaradas como desaparecidos en relación con el conflicto deben enfrentar sanciones penales o de otro tipo a nivel nacional e internacional. Azerbaiyán ha iniciado procedimientos judiciales para enjuiciar a los autores de crímenes atroces. Si bien la responsabilidad penal y la reparación sirven para garantizar los derechos e intereses de las víctimas y deben ser una consecuencia inevitable de los delitos cometidos, también son una herramienta preventiva esencial y uno de los requisitos previos clave en el camino hacia una reconciliación duradera y genuina”.