Bakú, 20 de noviembre, AZERTAC

“El 19 de noviembre de 2024, el Gobierno de Azerbaiyán presentó su Declaración de Demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (en La Haya) contra Armenia que detalla las múltiples violaciones de Armenia de los derechos soberanos de Azerbaiyán sobre sus recursos energéticos en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y los principios fundamentales del derecho internacional”,apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“Esta Declaración de Demanda es el último desarrollo en los procedimientos legales internacionales que comenzaron el 27 de febrero de 2023, cuando Azerbaiyán entregó una Notificación de Arbitraje a Armenia. El tribunal arbitral se constituyó el 8 de septiembre de 2023, y la primera reunión procesal entre Azerbaiyán y Armenia tuvo lugar el 12 de enero de 2024.

Durante los casi treinta años de ocupación ilegal del territorio de Azerbaiyán, reconocido internacionalmente, Armenia impidió a Azerbaiyán acceder a sus recursos energéticos o desarrollarlos en ese territorio. En cambio, explotó esos recursos en beneficio propio.

Entre las violaciones del derecho internacional cometidas por Armenia destaca su rechazo a permitir que Azerbaiyán acceda a importantes proyectos de energías renovables o se beneficie de ellos durante décadas. Entre ellos se encuentran la central hidroeléctrica de Tartar, en el embalse de Sarsang, en el distrito de Aghdara, antes ocupado, junto con los proyectos hidroeléctricos de Khudafarin y Giz Galasi, en la frontera con Irán, en el distrito de Jabrayil, antes ocupado, de Azerbaiyán, así como potencial energético, energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y otros recursos antes sin explotar.

A lo largo de la ocupación ilegal, Armenia también concedió licencias y reguló las entidades que explotaban la central hidroeléctrica de Tartar, conectando ilegalmente esta fuente de energía a su red eléctrica nacional y dirigiendo el excedente de energía a Armenia para el consumo energético nacional. Además, Armenia prohibió a Azerbaiyán el acceso a las parcelas de los proyectos de Khudafarin y Giz Galasi, retrasando 30 años la finalización de estos proyectos hidroeléctricos cruciales y perjudicando el desarrollo por parte de Azerbaiyán de su sector de energías renovables.

Azerbaiyán seguirá trabajando para reclamar indemnizaciones a Armenia por la violación de los derechos soberanos sobre sus recursos energéticos, incluida la explotación ilegal y los daños causados por Armenia a las fuentes de energía renovables en los territorios liberados de la ocupación.