Inspirado por el carácter orientado a la acción de la decimotercera sesión del Foro Urbano Mundial (WUF13), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, el Llamado a la Acción de Bakú es el resultado de un proceso colectivo, cocreado, equitativo e inclusivo. Presenta un conjunto diverso de aportaciones de actores de distintos sectores y niveles de gobernanza, incluidas organizaciones de la sociedad civil, mujeres, personas mayores, niños y jóvenes, pueblos indígenas, profesionales, representantes del ámbito académico e investigadores, gobiernos locales y regionales, personas con discapacidad, parlamentarios, el sector privado y otros actores vinculados al ámbito de la vivienda.

Este documento es el resultado de meses de trabajo que incluyeron amplias consultas con las partes interesadas antes del Foro Urbano Mundial. Acogemos y celebramos estos avances, y hacemos un llamado para que se adopten como práctica estándar en todo el ciclo del Foro Urbano Mundial, mediante consultas previas y posteriores guiadas por un mecanismo estructurado de participación multisectorial que garantice la continuidad y la rendición de cuentas.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de Azerbaiyán por acoger un WUF13 pionero, en el que participaron más de 58.000 personas procedentes de 176 países, convirtiéndolo en el mayor Foro Urbano Mundial celebrado hasta la fecha. Por primera vez en la historia, por iniciativa del país anfitrión, 27 jefes de Estado y de Gobierno participaron en la Cumbre de Líderes. Asimismo, asistieron más de un centenar de ministros, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas y varias altas personalidades internacionales. Entre las innovaciones del WUF13 destacan el Premio Urbano de Bakú, el Centro de Negocios e Innovación, el campus de la Academia WUF y el Hub de Prácticas.

Preámbulo

La crisis mundial de la vivienda está alcanzando un punto crítico. Esta crisis no es accidental, sino el resultado de profundos fallos estructurales, sistémicos y de gobernanza. Esta policrisis está impulsada por factores complejos e interconectados relacionados con el despojo, la colonización, el racismo, la desigualdad y otros contextos históricos y actuales.

Se estima que 3.400 millones de personas en el mundo se ven afectadas por condiciones de vivienda inadecuadas.

Un hogar no son solo cuatro paredes y un techo. Es un espacio de dignidad, cultura e identidad y, lo más importante, un ancla para un futuro seguro. Constituye una pieza central dentro de un sistema interconectado con otros servicios y equipamientos públicos, como espacios públicos, escuelas, transporte, centros de salud y otros. Por ello, la vivienda debe reconocerse por su función social y ambiental y priorizarse como un derecho humano en el centro de la agenda de desarrollo, integrada en una visión más amplia del derecho a la ciudad, la protección social y el crecimiento económico.

● En todo el mundo, la financiarización y mercantilización de la vivienda están profundizando la desigualdad urbana y la pobreza. Las viviendas se están volviendo inaccesibles económicamente, agravadas por la gentrificación

y el aumento de la inseguridad en la tenencia, factores que impulsan las desigualdades espaciales y la falta de hogar;

● La deficiente gestión del suelo y los sistemas de planificación están en el centro de muchos desafíos relacionados con la vivienda, desde la segregación espacial, las desigualdades en infraestructura y la expansión urbana descontrolada, hasta situaciones que a menudo derivan en especulación del mercado y desplazamiento de la población.

● A pesar de los compromisos globales y nacionales, la financiación pública destinada a la vivienda está disminuyendo y los mecanismos convencionales de financiación siguen siendo fragmentados, de corto plazo y escasamente conectados con los territorios donde la vivienda se planifica, dota de servicios, mejora, construye y administra;

● Los gobiernos locales y regionales se encuentran en la primera línea de la transformación y gestión urbanas, pero con frecuencia carecen del mandato, la capacidad o los recursos necesarios para hacer frente a la crisis mundial de la vivienda;

● Los conflictos, las guerras y el urbicidio afectan directamente a infraestructuras civiles como escuelas, hospitales, servicios públicos y viviendas, así como a la ecología y la biodiversidad, dejando a las personas sin hogar y obligándolas a menudo a convertirse en refugiados o desplazados internos;

● Los centros urbanos, las megaciudades y las ciudades secundarias están experimentando rápidos cambios demográficos. Muchas de ellas tienen dificultades para responder a la demanda de sistemas habitacionales intergeneracionales que apoyen y atiendan a las personas con discapacidad, los jóvenes, los niños, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas mayores;

● Los desalojos forzosos están aumentando en todo el mundo, provocando directamente desplazamientos y agravando la crisis de la vivienda. La demolición de un hogar va mucho más allá de la pérdida de pertenencias personales: conlleva traumas mentales, emocionales y físicos de larga duración;

● A nivel mundial, las ciudades están profundamente afectadas por el cambio climático, incluidos fenómenos como inundaciones severas, aumento del calor urbano y mala calidad del aire. Las familias y personas que viven en viviendas inadecuadas sufren de manera desproporcionada los efectos del cambio climático;

● Históricamente, las mujeres han soportado la carga del trabajo de cuidados y, aun así, continúan enfrentando barreras estructurales relacionadas con la vivienda, la propiedad, el empleo, los servicios básicos y la movilidad, entre otros ámbitos;

● La crisis económica y otros factores contribuyentes están dejando a familias y personas sin hogar a un ritmo sin precedentes. Muchas ciudades optan por criminalizar la falta de vivienda, a menudo sin ofrecer soluciones ni alternativas reales;

● A nivel mundial, la vivienda no está adecuadamente integrada en sistemas económicos e infraestructurales más amplios, como el agua y el saneamiento, la electricidad, la movilidad, la conectividad, los servicios públicos, la educación y la salud. La prestación, el mantenimiento y la financiación descoordinados de las infraestructuras y servicios básicos agravan los efectos de la vivienda inadecuada;

● La construcción y materiales como el hormigón generan cerca de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), en detrimento del uso de alternativas de bajo carbono y de técnicas constructivas tradicionales e indígenas;

● La insuficiente capacidad profesional, así como la falta de datos y evidencias, suelen generar una toma de decisiones deficiente y fomentan prácticas explotadoras y la corrupción.

A pesar de estas características comunes, cada barrio, ciudad, país, región y continente es único. Para comprender verdaderamente la naturaleza de esta crisis, el contexto local y nacional es fundamental.La magnitud del desafío global de la vivienda exige una respuesta firme, concertada y urgente.

En el centro de este Llamado a la Acción se encuentra una petición para que se priorice la vivienda, guiada por la gestión de políticas de vivienda integradas, respaldadas por una acción organizada de múltiples partes interesadas, financiamiento a largo plazo adaptado al contexto,una mayor capacidad de implementación, una gobernanza multinivel, una inversión pública sostenida y mecanismos de rendición de cuentas medibles.

Pasar del diagnóstico a la acción

Reconocemos los compromisos continuos que han dado forma a la acción multilateral en materia de vivienda, desde la inclusión de la vivienda adecuada como un derecho humano reconocido internacionalmente, pasando por los procesos Hábitat, hasta llegar a la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro. En un año que marca el décimo aniversario de la Nueva Agenda Urbana, hacemos un llamado a los Estados Miembros para acelerar su implementación y fortalecer la función catalizadora de ONU-Hábitat como organismo de asociación y articulación en la respuesta a la crisis mundial de la vivienda.

El Plan Estratégico de ONU-Hábitat 2026–2029 ofrece una hoja de ruta para acelerar la acción en materia de vivienda mediante diversos mecanismos, como el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre Vivienda Adecuada para Todos (OEWG-H). Se alienta a los Estados Miembros y a las partes interesadas a participar activamente en este grupo de trabajo, nominando expertos y profesionales y promoviendo una participación inclusiva mediante la incorporación de grupos subrepresentados.

Existe una clara oportunidad de convertir la próxima década y las cinco sesiones posteriores del Foro Urbano Mundial (2026–2036) en una década de acción para acelerar la implementación de la Nueva Agenda Urbana y lograr avances medibles en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los resultados del WUF deberían incluir compromisos verificables, documentar programas y proyectos exitosos y compartir vías de implementación que contribuyan a definir la agenda posterior a 2030.

Los procesos locales y nacionales contribuyen a generar un fuerte impulso político en favor de la agenda de vivienda. Los resúmenes de la Reunión Ministerial sobre la Nueva Agenda Urbana (NUA), la Declaración de Nairobi del Segundo Foro Urbano Africano (abril de 2026) y numerosos acuerdos regionales establecen prioridades ambiciosas en materia de vivienda adecuada, asequible, inclusiva y resiliente al clima. Este documento también abre la posibilidad de nuevas formas de colaboración, aprendizaje y cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.

Estos llamados a la acción están organizados en torno a tres ámbitos: reconocer los derechos y factores subyacentes de la crisis de la vivienda, responder a sus manifestaciones directas y transformar los sistemas de vivienda para construir un futuro justo, inclusivo, resiliente y sostenible para todos.

Reconocer los derechos y factores subyacentes

1. ¡Proteger, respetar y garantizar nuestros derechos humanos!

En distintos contextos, la vivienda sigue siendo tratada como una mercancía en lugar de un derecho, mientras que los desalojos, las demoliciones, los conflictos y los desplazamientos socavan la dignidad, la seguridad y los medios de vida de las personas. Hacemos un llamado a la adopción y aplicación plena de un enfoque de derechos humanos en materia de vivienda, incluidas salvaguardias contra los desalojos forzosos, una mayor protección de la tenencia y de los inquilinos, así como el acceso a la justicia. Con el apoyo de las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y locales deben incorporar este enfoque en los marcos jurídicos, políticos, institucionales y de planificación del uso del suelo que reconozcan y protejan la función social y ambiental de la vivienda. Asimismo, hacemos un llamado a institucionalizar enfoques participativos y liderados por las comunidades dentro de los sistemas de vivienda regionales, nacionales y locales.

2. ¡Proteger nuestros hogares!

Las familias, las personas y los desplazados internos suelen verse obligados a vivir en condiciones de vivienda inseguras o inadecuadas, lo que los expone a nuevos desplazamientos, inseguridad y exclusión. Hacemos un llamado a enfoques integrados de vivienda que vinculen la respuesta humanitaria, la recuperación y el desarrollo a largo plazo, promoviendo una recuperación urbana resiliente al clima y centrada en las personas en contextos frágiles y postconflicto, y facilitando el acceso a financiación para el desarrollo y el clima.

Los gobiernos nacionales y locales, los actores humanitarios y de desarrollo, así como las instituciones internacionales, deben proteger la vivienda y la infraestructura civil esencial, reforzar las salvaguardas contra el desplazamiento y la destrucción, y garantizar mecanismos que aseguren la aplicación efectiva de estas protecciones. Existen importantes precedentes globales de reconstrucción posconflicto, incluido el del país anfitrión, Azerbaiyán. Instamos a un enfoque coordinado que priorice los esfuerzos de reconstrucción y recuperación y, en última instancia, el retorno de las personas desplazadas internas (PDI) a sus hogares. Debe garantizarse el consentimiento libre, previo e informado por todos los gobiernos nacionales.

3. ¡Reconocer nuestra diversidad!

Los sistemas de vivienda siguen ignorando los contextos locales y la intersección de factores como género, etnicidad, cultura, edad, discapacidad, estatus legal y ciudadanía, lo que genera exclusión y desigual acceso a la tierra y la vivienda. Hacemos un llamado a enfoques intergeneracionales e interseccionales en materia de vivienda que sitúen a las personas en el centro de las políticas y su implementación, reconociendo a los diversos grupos como co-creadores.

La sociedad civil y los movimientos de base deben liderar junto con los gobiernos, el sector privado y los profesionales, integrando y protegiendo la diversidad en las políticas de vivienda.

4. ¡Hacer que nuestros hogares sean resilientes al clima!

Los impactos climáticos están acelerando la inseguridad habitacional y el desplazamiento, afectando de manera desproporcionada a comunidades que ya enfrentan precariedad social, económica y ambiental en barrios, ciudades y regiones. Las inundaciones recurrentes, las sequías, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el calor extremo y el deterioro de la calidad del aire tienen efectos devastadores sobre la salud pública, los ecosistemas, los medios de vida, la habitabilidad y la calidad de vida en general.

Hacemos un llamado a sistemas de vivienda que refuercen la resiliencia climática, preserven la biodiversidad y mitiguen los impactos negativos mediante soluciones basadas en la naturaleza, lideradas por las comunidades y ancladas en lo local, comprometidas con la justicia climática y respaldadas por una urbanización y planificación ambientalmente responsables. También pedimos fortalecer prácticas locales lideradas por las personas, así como conocimientos indígenas y tradicionales, junto con intervenciones de los gobiernos nacionales y locales para avanzar hacia infraestructuras resilientes, energías renovables, servicios básicos, preparación y prevención ante desastres, medios de vida y redes sociales.

Responder a las manifestaciones directas

5. ¡El hogar como catalizador de la integración!

La vivienda suele ubicarse de forma aislada respecto a la infraestructura, los servicios esenciales y las oportunidades económicas, mientras que la expansión urbana descontrolada, la segregación espacial y una planificación del uso del suelo mal coordinada empujan a los hogares de bajos ingresos hacia áreas periféricas y excluyentes, alejadas del empleo, los servicios y las oportunidades.

Hacemos un llamado a un enfoque integrado y participativo de la planificación espacial, con perspectiva de género, que conecte la vivienda con el transporte, los servicios, los medios de vida y el patrimonio natural y cultural, al tiempo que promueva barrios intergeneracionales mixtos, inclusivos y bien dotados de servicios.

Instamos a profesionales, la academia y las instituciones de investigación a desarrollar una visión compartida junto con los gobiernos y la sociedad civil, que promueva una planificación urbana integrada y subsidios focalizados que incluyan vivienda, oportunidades económicas y transporte.

6. ¡Garantizar una vivienda asequible para todos!

La vivienda se está volviendo cada vez más inaccesible debido al aumento del valor del suelo, la especulación inmobiliaria, el crecimiento de los alquileres de corta duración, la precariedad de los mercados laborales, la oferta limitada de vivienda y el acceso desigual a la financiación, lo que obliga a numerosos hogares a vivir en condiciones inadecuadas o a enfrentar la falta de vivienda.

Hacemos un llamado a aplicar medidas sostenidas para mejorar la asequibilidad, incluyendo la ampliación del acceso a la vivienda en alquiler y a la vivienda social, el avance de políticas de zonificación inclusiva, el fortalecimiento de subsidios y estrategias de reducción de costos, la regulación de prácticas especulativas, la mejora de los sistemas de tributación de la propiedad y el acceso a la financiación para todos los niveles de ingresos.

Alentamos a los parlamentarios y a los gobiernos nacionales a introducir medidas legislativas que protejan la asequibilidad, al tiempo que promuevan una mayor oferta a través de programas de vivienda pública, instituciones financieras de desarrollo (IFD), el sector privado e iniciativas de autoconstrucción.

7. ¡Garantizar una vivienda sin discriminación!

Los barrios van más allá de su forma física y su ubicación; son espacios de cuidado, conexión social, cultura, seguridad y vida colectiva que permiten el desarrollo de las capacidades humanas, el bienestar y el sentido de pertenencia comunitaria.

Hacemos un llamado a enfoques de vivienda que reconozcan el género, la diversidad, la orientación sexual y promuevan la accesibilidad, la proximidad, la seguridad, el bienestar y la inclusión social mediante la atención a la violencia de género, el fortalecimiento de los espacios públicos y compartidos, y el avance hacia un diseño de vivienda universal e inclusivo.

Instamos a los gobiernos, los organismos profesionales y la sociedad civil a desarrollar directrices claras que fomenten barrios inclusivos y de uso mixto, fortaleciendo la cohesión social, reduciendo la segregación y mejorando la seguridad, la salud y la dignidad para todas las personas.

8. ¡Poner fin a los desalojos forzosos!

Los desalojos forzosos y el desplazamiento constituyen graves violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, socavan la seguridad habitacional, destruyen los medios de vida, agravan la crisis climática, erosionan la dignidad y debilitan los sistemas comunitarios, con frecuencia sin salvaguardias ni alternativas adecuadas.

Hacemos un llamado a reforzar las protecciones contra los desalojos forzosos y el desplazamiento, incluyendo garantías legales, mecanismos de monitoreo y enfoques preventivos que aseguren la seguridad de la tenencia, al tiempo que se prioriza la mejora in situ, los enfoques liderados por las comunidades y una compensación y alternativas adecuadas cuando la reubicación no pueda evitarse.

Las comisiones parlamentarias, los departamentos gubernamentales, las instituciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales, con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas (ONU), deben fortalecer la rendición de cuentas y establecer mecanismos permanentes de múltiples actores para monitorear, mapear y abordar los patrones globales de desalojos forzosos y desplazamiento.

Transformar los sistemas de vivienda

9. ¡Diversificar los enfoques de vivienda!

Millones de personas ya están dando forma a las ciudades a través de sistemas de vivienda autoconstruida, incremental e informal, sin embargo, estas realidades siguen excluidas de las políticas y del reconocimiento legal.

Hacemos un llamado a un enfoque diverso y arraigado en lo local que incluya la vivienda incremental, la mejora a escala urbana de los asentamientos informales, la regularización, la vivienda en alquiler y social, las cooperativas, los fideicomisos de suelo comunitario, la vivienda inclusiva y los hogares liderados por la comunidad.

Alentamos una mayor colaboración entre los gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil, los proveedores y operadores de vivienda, las instituciones financieras del sector privado y los bancos, para innovar e incentivar programas impulsados por la demanda mediante una combinación de instrumentos financieros públicos, privados, comunitarios, microfinancieros y mixtos.

10. ¡Garantizar suelo seguro para la vivienda!

La creciente urbanización, la creciente financiarización y la debilidad de los sistemas de gobernanza de la tierra están impulsando el aumento de los precios de la tierra, la especulación inmobiliaria, la desigualdad espacial y la inseguridad de la tenencia. Hacemos un llamado a una gestión pública y local más sólida de los sistemas de tierras mediante una regulación adecuada de los mercados de tierras, la contención de la especulación, la tributación de la propiedad, la vivienda inclusiva, los cargos por desarrollo y la captura del valor de la tierra que garanticen un acceso equitativo a tierras urbanizadas y con riesgo reducido. Hacemos un llamado a los parlamentos y departamentos nacionales para que descentralicen la gestión de la tierra a las autoridades locales y a los gobiernos locales, las instituciones de tierras, las comunidades y los actores del desarrollo deben fortalecer los derechos y protecciones de la tenencia, al tiempo que promueven sistemas de gobernanza de la tierra inclusivos y responsables.

11. ¡Proporcione fondos donde se necesitan!

Los sistemas de financiamiento de la vivienda siguen fragmentados, descoordinados e inaccesibles, con una inversión pública limitada, un acceso desigual al crédito y mecanismos que no llegan a los hogares y comunidades de bajos ingresos. Hacemos un llamado a reimaginar la cadena de valor del financiamiento de la vivienda para priorizar la inclusión y la escala mediante el fortalecimiento de las finanzas municipales con un enfoque en la autonomía fiscal y las estrategias de generación de ingresos. Hacemos un llamado a los bancos de desarrollo y al sector privado para que prioricen el acceso al crédito y establezcan marcos de financiamiento predecibles y a largo plazo, con base territorial y accesibles para quienes más lo necesitan. Alentamos al sector privado a colaborar con los gobiernos nacionales y locales, los bancos centrales, las instituciones financieras y las organizaciones de ahorro comunitario para innovar en la forma de calcular y gestionar el riesgo, dirigir los subsidios, ampliar el acceso al crédito y combinar el financiamiento. Alentamos a los parlamentarios y al tesoro nacional a diversificar los subsidios gubernamentales para atender la diversidad de enfoques de vivienda, atrayendo el ahorro privado y comunitario.

12. ¡Fomentar un enfoque multisectorial y con múltiples actores!

Los sistemas de planificación fragmentados siguen reforzando la exclusión, la desigualdad espacial y el crecimiento urbano ineficiente al desvincular la vivienda de la tierra, la infraestructura, el transporte, los medios de subsistencia y los servicios esenciales. Hacemos un llamado a adoptar enfoques de planificación integrados y sistémicos que incorporen la vivienda dentro de marcos territoriales y urbanos más amplios, al tiempo que promueven la equidad, la inclusión, la justicia espacial y el derecho a la ciudad. Instamos a que este proceso se impulse mediante el empoderamiento de los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de base y los actores del sector privado para la coproducción de resultados.

13. ¡Fortalecer la gobernanza multinivel y participativa!

Los sistemas de vivienda eficaces requieren una sólida cooperación, alianzas y coordinación entre todos los niveles de gobierno y las comunidades locales, la sociedad civil, los profesionales y los actores del desarrollo. Los gobiernos locales y regionales, desde las ciudades intermedias hasta las megaciudades, a menudo se ven obligados a implementar sin los mandatos,financiamiento ni apoyo institucional necesarios para lograr resultados efectivos. Hacemos un llamado a los Estados Miembros para que impulsen reformas estructurales que aclaren las responsabilidades, mejoren la coordinación entre instituciones, sectores y partes interesadas, y fortalezcan a los gobiernos locales y regionales mediante financiamiento descentralizado, herramientas de planificación participativa y el fortalecimiento de la capacidad institucional y de implementación. Los gobiernos nacionales, regionales y locales, las comunidades, los profesionales, los socios para el desarrollo y la sociedad civil deben fortalecer los mecanismos de gobernanza multinivel y con múltiples partes interesadas a nivel metropolitano y regional que apoyen la entrega de vivienda inclusiva, la mejora de los asentamientos informales en toda la ciudad y la transformación urbana con base local.

14. ¡Comprométanse con la implementación, la rendición de cuentas y la ejecución!

Si bien existen compromisos en materia de vivienda, la ejecución sigue siendo deficiente debido a la escasa coordinación, la limitada capacidad y la ineficacia de los sistemas. Hacemos un llamado a la implementación de estrategias nacionales de vivienda, con vías claras, metas medibles y mecanismos sólidos de monitoreo e informes, junto con una inversión sostenida en educación, capacitación y sistemas de desarrollo profesional que fortalezcan la capacidad de implementación. Alentamos a la sociedad civil, los gobiernos locales, regionales y nacionales a establecer alianzas, foros nacionales de hábitat sólidos y comités conjuntos para desarrollar capacidades, fortalecer la coordinación, documentar las prácticas exitosas y monitorear el progreso. A nivel mundial, alentamos a ONU-Hábitat a utilizar el Foro Urbano Mundial como un importante punto de encuentro para monitorear el progreso en la implementación de la Nueva Agenda Urbana y ampliar las prácticas exitosas en materia de vivienda.

15. ¡Utilicen el conocimiento y los datos para el interés público!

Los sistemas de vivienda a menudo operan con información deficiente, fragmentada y desactualizada relacionada con registros de tierras, estudios de vivienda y mercado, información censal y demográfica y evidencia económica. Esto dificulta la capacidad de responder a necesidades que cambian rápidamente, desastres naturales o a la planificación a largo plazo. Hacemos un llamado a un firme compromiso con un enfoque basado en la evidencia que combine datos locales y comunitarios con conocimiento científico y académico. Instamos a las instituciones académicas, socios de investigación y profesionales a superar las brechas de conocimiento y capacidad, integrando las posibilidades de la inteligencia artificial, para lograr marcos analíticos y empíricos más sólidos. Alentamos a las organizaciones internacionales, los gobiernos y la comunidad académica a abogar por más recursos para acelerar la investigación, particularmente en el Sur Global. Esto incluye el desarrollo de programas específicos para el desarrollo de capacidades de profesionales, funcionarios del sector público, la sociedad civil y movimientos de base hacia procesos de planificación participativa.

Para concluir, agradecemos al Gobierno de Azerbaiyán y a su pueblo por su cálida hospitalidad. El Llamado a la Acción de Bakú es un llamado ambicioso para abordar la crisis de la vivienda desde sus raíces. Juntos, debemos organizarnos y enfrentar estos desafíos, sin dejar a nadie atrás.